El proyecto de ley cripto que divide a EEUU es el controversial proyecto de ley 1887 del Senado de Illinois presentado el 9 de Febrero por el senador de Illinois Robert Peters, sin embargo la comunidad no estuvo enterada ya que el proyecto de ley fue introducido discretamente, hasta que el abogado Drew Hinkes, con sede en Florida, lo comentara en un tweet el 19 de febrero.
El mencionado proyecto de Ley estipula entre otras características obligar a los mineros y validadores de blockchain a hacer “cosas imposibles” en blockchain, como anular transacciones si así lo ordena un tribunal estatal, titulado “Digital Property Protection and Law Enforcement Act” (Ley de protección de la propiedad digital y aplicación de la ley).
Entre los estatutos el proyecto de ley establece regulación de transacciones digitales y la ejecución de smart contracts. Este proyecto de ley autoriza a los tribunales, a petición del fiscal general o de un fiscal del estado de Illinois, a ordenar que se modifique o revocar una transacción de blockchain ejecutada a través de un contrato inteligente.
La ley se aplicaría a cualquier “red blockchain que procese una transacción blockchain originada en el Estado”, como Bitcoin, Ethereum, Polkadot, entre otras.
Drew Hinkes afirma que esta es “la ley estatal más inviable” relacionada con blockchain y criptomonedas que jamás haya visto. “Este es un impresionante cambio de rumbo para un estado que antes estaba a favor de la innovación. En cambio, posiblemente ahora tenemos la ley estatal más inviable relacionada con criptomonedas y blockchain que he visto nunca”, tuiteó.
El proyecto de ley establece que cualquier minero y validador de blockchain puede ser multado con entre USD 5,000 y 10,000 por cada día que no cumpla con las órdenes judiciales.
Charles Hoskinson, el fundador de Cardano , tuiteó recientemente su suposición de que el colapso de FTX inició una respuesta regulatoria de este tipo para todas las criptomonedas.
MINEROS Y VALIDADORES EN LA MIRA
La controversia se da debido a que las sanciones por el incumplimiento de la ley van dirigidas a los validadores y mineros, también debido a que cualquier persona que utilice contratos inteligentes para entregar bienes y servicios debe incorporar un código dentro del smart contract, que puede usarse para cumplir con las órdenes judiciales, por lo que se tendrían que reescribir las cadenas de bloque, y por último que no se necesitaría de las llaves privadas de los participantes de una transacción para ser modificadas si el tribunal lo indica.
El criptoanalista “foobar” escribió a sus 120,800 seguidores de Twitter el 19 de febrero que las transacciones ordenadas por un tribunal necesitarían -de alguna manera- ser modificadas “sin necesitar la clave privada” de los participantes, lo que consideró “hilarante”.
Hinkes reconoce la necesidad de aplicar proyectos de ley que refuercen la protección de los consumidores, sin embargo afirma que sería “imposible” para los mineros y validadores cumplir con el proyecto de ley propuesto por el senador Peters.
Illinois vs Wyoming
El proyecto de ley de criptomonedas en Illinois contrasta con lo que se aprobó en el estado de Wyoming. Mientras el proyecto de ley de Illinois aún está pendiente en el Comité de Asignaciones del Senado, y permitiría que un tribunal ordene una transacción de blockchain en respuesta a una “solicitud válida” y que una parte garantizada no requeriría una clave privada, el estado de Wyoming aprobó una ley que prohíbe la producción forzada de una clave privada que salvaguarda otros derechos e intereses otorgados por el estado, incluidas las identidades digitales.
“la forma en que busca proteger a los consumidores es exigir a los operadores de nodos, mineros y validadores que hagan cosas imposibles, o cosas que crean para sí mismos una nueva responsabilidad penal y civil bajo pena de multas/tarifas”. Drew Hinkes
Algunos expertos critican la forma de ejecutar las sanciones al proyecto de ley de Illinois, sin embargo apoyan el hecho de que el proyecto de ley propuesto en Illinois tiene como objetivo proteger a los usuarios del fraude y los errores no intencionales al permitir que los tribunales ordenen que se devuelva una transacción de blockchain a la víctima o al remitente original. Además, busca ayudar a los usuarios a recuperar sus activos si extravían sus claves privadas, protegiéndolos contra la posible pérdida de fondos.
